El presidente de la República, José Raúl Mulino, devolvió a la Asamblea Nacional sin ser sancionado el proyecto de ley 145, luego de encontrar razones para objetarlo en su conjunto, al presentar vicios de inconstitucionalidad al incidir en competencias propias del Órgano Ejecutivo, generar obligaciones administrativas y posibles erogaciones sin establecer fuente de financiamiento ni incorporar previsiones presupuestarias.
En la nota fechada el 24 de marzo de 2026, y remitida al presidente de la Asamblea, Jorge Luis Herrera, también se señala que resulta inconveniente por la falta de claridad en la definición de la población objetivo, además por posibles conflictos de competencia entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), el sistema educativo y las universidades en materia de orientación y certificación.
Asimismo, el proyecto de ley 145, “Que establece la Política de Orientación Vocacional y Profesional para Jóvenes Adultos”, omite el rol rector de la Secretaría Nacional de Discapacidad, al no establecer una coordinación obligatoria, lo cual debilita la coherencia institucional, señala la nota.
La redacción instituye que, luego del análisis del proyecto, también se establece la implementación de programas, certificaciones, desarrollo de plataformas tecnológicas y mecanismos de fiscalización, lo cual implicaría erogaciones presupuestarias sin que se establezca una fuente de financiamiento.
En materia educativa, señala la existencia de una normativa preexistente, función que recae en el Ministerio de Educación. En consecuencia, la intervención del Mitradel podría ocasionar superposición normativa y conflictos de competencias.
A su vez, el proyecto no aclara si las certificaciones otorgadas por la institución corresponden a capacitación laboral o equivalen a títulos académicos, lo que genera incertidumbre sobre su reconocimiento y su relación con la formación profesional actualmente regida por las universidades y el sistema educativo nacional.
